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El enojo de Nicanor por publicaciones de ciberactivista

Solicitan en total una pena de 450 millones de guaraníes.

  • 27/07/2020 • 18:57

Tres funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá  (EBY) iniciaron proceso judicial en mi contra por difamación, calumnia e injuria, por unas publicaciones en mis redes sociales donde señalaba sus sueldos (de dominio público por la ley 5189) y sus vínculos anteriores con el actual director, Nicanor Duarte Frutos, comentó el ciberactivista Alfredo Guachiré.

Se trata de Carlos Osorio, quien ingreso a la EBY 01/01/19 y seria capataz de la quinta que el ex presidente tiene en Atyra y está casado con una sobrina Nicanor; la otra persona es Noelia Nuñez, quien ingresó a la EBY en el 2003 durante la presidencia de Duarte y actualmente ocupa el cargo de directora de Coordinación Social de la Binacional y de su esposo, Carlos Figueredo, funcionario de Yacyretá desde 01/02/19.

"La publicación realicé en mi perfil de Facebook y Twitter el 21 de febrero de 2020 especificando que Noelia Núñez ganaba 63 millones de guaraníes con categoría H6, el de Figueredo supera los 22 millones y el de Osorio los 21 millones, según planilla del mes de diciembre 2019 sumando salario básico y bonificaciones. Las mismas son fichas de confianzas y hasta uno seria pariente de Nicanor Duarte Frutos", agregó Guachiré.

Asumo que este hostigamiento del cual soy víctima es un intento por callar a quienes denunciamos irregularidades en distintos ámbitos de la función pública, pero también representa un grave atropello a la libre expresión y libertad de prensa amparadas en el artículo 26 de la Constitución Nacional, siguió comentando.

Considero realmente preocupante la acción de quienes deberían ser servidores públicos, abiertos a los requerimientos de la ciudadanía y no demandantes de quienes cuestionan sus privilegios. El trabajo en conjunto, de quienes defendemos la libertad de expresión y fomentamos el control ciudadano es fundamental para hacer frente a los grupos de poder que pretenden acallarnos, remató.

DESPROPORCIONALIDAD DE LA DENUNCIA PENAL

De acuerdo a la denuncia los hechos punibles serian contra el honor y la reputación de los funcionarios de Yacyreta, según los artículos 150, 151 y 152 del código penal. De acuerdo a la opinión de la Dra. Alejandra Peralta, catedrática en DDHH, quien compartió desde su cuenta de Twitter explicando:

1. “Si la información sobre el FP es falsa, se debe probar en sede civil que el que transmitió la información lo hizo con temeridad (publicó como verdad a sabiendas de su falsedad) o con absoluto desprecio por la verdad (doctrina de la real malicia)”

2. “El uso del derecho penal según los estándares interamericanos es DESPROPORCIONAL cuando se trata de críticas a funcionarios públicos o informaciones de interés público. La vía apropiada es la civil, con carga probatoria (sobre el demandante) de la doctrina de la real malicia.”

3- “Existe mucha jurisprudencia al respecto, ir en contra de los estándares interamericanos sería exponer a Paraguay a responsabilidad internacional por violación a la libertad de expresión y el debido proceso.”

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Siempre según el ciberactivista,  buscan  atropellar y limitar su derecho consagrado en el Art 26 de la Constitución Nacional, donde se garantiza el derecho a la libre expresión y libertad de prensa que establece que:

“Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”.

También Paraguay es parte de tratados internacionales ratificados por el Congreso gozan de una jerarquía normativa inferior a la de la Constitución, pero superior a la de las leyes (Art. 137). En particular, se aplican las disposiciones sobre libertad de expresión contenida en los siguientes tratados internacionales de los que el Paraguay es parte: Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts. 19 y 29), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 19 y 20), Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 13), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 4).

La denuncia busca limitar garantías constitucionales que tengo, argumentando en la querella que no me puedo amparar en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa porque no soy periodista. Aunque en la opinión de la profesional de la Dra. Alejandra Peralta manifestó que:

  1. “Cualquiera puede ejercer ese derecho, no es exclusivo de los periodistas (Opinión Consultiva 5/85 de la @CorteIDH”
  2. “…La O.C 5 de la @CorteIDH dice es que no es necesario pertenecer al gremio de periodistas para ejercer el derecho a la libertad de expresión…”